En la Declaración Presupuestal de Primavera, Rachel Reeves, ministra de Hacienda, hizo lo que se esperaba de ella. Ante, como se predijo, unos pronósticos de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, por su sigla en inglés) peores que los de octubre pasado, el gobierno hizo pequeños ajustes de los planes de gasto e ingresos con el fin de recuperar el margen que, había perdido en relación con sus objetivos fiscales para dentro de cinco años. ¿Esto tiene sentido? No.
Como argumenté hace dos semanas, el mundo cambió sustancialmente, sobre todo al tener en cuenta la necesidad de aumentar el gasto en defensa. En este contexto, el gobierno debió preguntarse si necesitaba reconsiderar algunas de sus restricciones sobre impuestos y gasto. En términos más generales, como argumenta Andy Haldane, tiene poco sentido llevar a cabo ese tipo de ajustes en los ingresos y el gasto en respuesta a cambios en unos pronósticos muy inciertos. Es más sensato reducir los eventos fiscales, establecer objetivos y elaborar pronósticos en función de rangos de resultados, en lugar de estimaciones puntuales incorrectas.
Sin embargo, el proceso de la OBR ofrece una oportunidad diferente: proporcionar una evaluación externa rigurosa del impacto de las reformas estructurales del gobierno. Ahora son esenciales, dado el pésimo desempeño económico de Reino Unido. De hecho, este último es, por mucho, el mayor problema: la decepción se acumula, a medida que continúa el lento crecimiento. Entre 2019 y 2024, la nación se expandió solo 3.4 por ciento. Peor aún, entre 2015 y 2024, la productividad aumentó solo 4.4 por ciento.
Mientras el crecimiento se mantenga tan lento, ningún grado de prudencia resolverá las dificultades de Reino Unido, incluidas las fiscales. Una economía estancada es también una de “suma cero”, en la que más para algunos grupos significa menos para otros. La política de una economía así está destinada a ser tensa. En última instancia, es probable que la disciplina fiscal o la democracia misma colapsen.
Por tanto, es esencial ampliar el potencial de oferta de la economía. Una de las ideas del gobierno para lograrlo (sin duda acertada) es construir más viviendas e infraestructura. La OBR ofrece un análisis interesante de la primera. Su opinión es que ayudará, pero no tanto como uno puede esperar o como la economía necesita.
Por consiguiente, el pronóstico central de la OBR es que “las adiciones netas acumuladas a las viviendas en el periodo 2029-2030 están por debajo de 1.3 millones. De esta cantidad, estimamos que 170 mil adiciones se deben a las reformas de planeación residencial del gobierno, las cuales aumentan el PIB en 0.2 por ciento en el horizonte de la previsión”.
Como siempre en este tipo de pronósticos, existen grandes incertidumbres. Las limitaciones de capacidad (falta de trabajadores cualificados, una fuerte oposición a la construcción o los obstáculos creados por la revisión judicial) pueden resultar más restrictivas de lo previsto. Sin embargo, también es posible imaginar que las economías de escala u otras mejoras en la eficiencia podrían conducir a una expansión aún más grande de la oferta.
En el “escenario bajo” de la OBR, la expansión de la oferta es 100 mil unidades menor para 2029-2030 que en el pronóstico central. Sin embargo, en el “escenario alto”, es 100 mil más alto. Los aumentos en el PIB son de 0.1 y 0.3 por ciento. El aumento de la oferta de vivienda en relación con lo que habría ocurrido sin las nuevas medidas debería hacer que los precios sean inferiores a lo que habrían sido de otro modo.
La OBR también asume que los beneficios económicos se acumularán con el tiempo, a medida que las personas se muden a zonas más productivas. No obstante, se necesitaría un programa de construcción de viviendas mucho mayor para transformar la disponibilidad de vivienda y reducir drásticamente los precios.
Esto sugiere que el gobierno debe ser mucho más radical si desea mejorar las perspectivas de crecimiento. Se necesitan reducciones drásticas, por ejemplo, en el costo de la construcción de infraestructura. También se requieren mejoras significativas en la productividad del sector público. Se debe prestar especial atención a la promoción de la innovación. La necesidad de ampliar el gasto en defensa puede ser útil. Una reforma de las pensiones, bien implementada, puede mejorar la disponibilidad de capital riesgo. La reforma y simplificación del sistema fiscal también es esencial. Por último, el gobierno debe evitar errores graves e innecesarios. Sus decisiones de aumentar el costo de la mano de obra mediante mayores impuestos, salarios mínimos más altos y una regulación mucho más estricta pueden resultar en errores garrafales.
El gobierno no debe dejar que se quede atrapado en interminables ajustes a la situación fiscal. En su lugar, debe enfocarse en reformas estructurales radicales que fomenten el crecimiento. Es posible que no funcionen rápidamente, pero son lo único que funcionará a largo plazo. Las grandes reformas son vitales.
