La renovación del Poder Judicial dependerá de los likes en redes sociales. Este domingo, tres mil 422 candidaturas iniciaron las campañas judiciales con más restricciones que en los procesos electorales ordinarios y con el reto, no sólo de generar simpatías virtuales, sino de que cada ‘me gusta’, ‘me encanta’ o ‘me divierte’ se convierta en un voto el próximo 1 de junio.
Falta de presupuesto transforma periodo de campaña
La esencia de las campañas electorales se romperá en este proceso. La ciudadanía ‘se librará’ de la propaganda electoral en las calles, de toparse en las bardas de su colonia o en cada poste con los nombres de las personas que compiten, o de ver sus caras enormes en espectaculares en carreteras y grandes vialidades; además de que no tendrán que escuchar las mismas propuestas una y otra vez en radio y televisión.
Entre la falta de presupuesto público; con el deber de varios jueces, magistrados o ministros de seguir trabajando para poder financiar su campaña al mismo tiempo; sin propaganda en la vía pública y sin poder usar el aparato y la estructura de los partidos políticos, las campañas serán totalmente distintas.
Contrastes como que, a diferencia de los tres mil 304 millones de pesos que recibieron los partidos políticos para gastos de campaña en la pasada elección presidencial, ahora no se tiene un solo peso de financiamiento y quienes aspiren a un cargo deberán tener ahorros millonarios e irónicamente, gastarlos para conseguir trabajo.
Además, contrario a los 52 millones de spots en el Proceso Electoral Federal 2024, ahora no existió la imposibilidad de que las miles de personas que buscan el apoyo ciudadano aparezcan en los tiempos oficiales de radio y televisión.
TikTok 'conquistará' el voto ciudadano
Y en lugar de que, a través de ese bombardeo propagandístico, el electorado logre quedarse con la imagen o el nombre de la persona por la que quiere votar, ahora deberán entrar a la página del INE para conocer a cada persona o seguirlas en TikTok.
Y es precisamente esta red social, con 74.1 millones de usuarios mayores de edad, la que será de mayor recurrencia en este proceso. Pues se trata de 74.1 millones de potenciales electores que más que sólo identificarlos por sus bailes, apodos o videos virales, podrían terminar convirtiéndolos en personas juzgadoras o magistradas, o lograr que se sienten en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y emitir los fallos más relevantes de este país.
Mientras en el arranque de todas las campañas los candidatos arman eventos masivos en plazas públicas para enlistar sus promesas, en esta ocasión, un solo evento así, podría rebasar el límite de gastos de campaña.
El Instituto Nacional Electoral volvió a definir los topes de gastos personales de campañas elevando a un millón 468 mil 841.33 pesos como el máximo que cada candidatura a un cargo federal puede invertir, es decir, quienes compiten por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Quienes buscan una magistratura electoral de alguna de las Salas Regionales, podrán autofinanciarse con máximo 881 mil 304.80 pesos; 413 mil 111.63 pesos para quienes quieren una magistratura de circuito y 220 mil 326.20 pesos para convertirse en jueces o juezas de distrito.
Pero además, este dinero tiene conceptos específicos en los que se pueden gastar y lo que está prohibido. Por ejemplo, aunque sus campañas pueden ser en redes sociales, no pueden pagar para posicionarse.
"Las personas candidatas podrán hacer uso de redes sociales o medios digitales para promocionar sus candidaturas, siempre y cuando no impliquen erogaciones para potenciar o amplificar sus contenidos".
Las restricciones ante lo que se puede hacer
Tienen prohibido contratar espacios en radio y televisión, así como medios de comunicación digitales o impresos.
En redes sociales o propaganda exclusivamente impresa en papel con materiales biodegradables, es decir, en una especie de volantes, "pueden difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca e la función jurisdiccional y la impartición de justicia" o sus "propuestas de mejora o cualquier manifestación amparada en la libertad de expresión".
Aunque podrán recorrer las calles siempre y cuando contemplen lo que erogarán en esta estrategia, está "estrictamente prohibida la entrega de material que oferte o entregue beneficios directos en especie o efectivo, bien o servicio", y tampoco pueden contratar a empresas o personas que realicen encuestas o sondeos que los ayuden a posicionarse en las preferencias.
Ante la necesidad de un ingreso para autofinanciarse, la reforma judicial permite que las personas que están en funciones y se disputarán en la contienda, no tengan la obligación de separarse del cargo.
Sin embargo, los lineamientos de infracciones del INE, advierte que "deben abstenerse de utilizar recursos materiales, humanos y financieros a su cargo con fines electorales", pues está "estrictamente prohibido usar recursos públicos" y por lo tanto, las "personas juzgadoras en funciones deben actuar con imparcialidad, objetividad y profesionalismo en los asuntos que conozcan".
Pues la implicación de usar recursos públicos, así como las alianzas con partidos políticos o personas servidoras públicas que respalden a una candidatura específico, son causales de sanciones que pueden llevar hasta a la cancelación de las candidaturas.
Así, con restricciones más amplias, las personas que buscan formar parte del renovado Poder Judicial de la Federación desde las urnas, intentarán traducir en votos los seguidores en redes sociales y aprovechar cada espacio de entrevistas o foros que tengan como característica principal ser gratuitos.
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ksh
