De 2016 a la fecha, más de 35 mil personas refugiadas de distintas nacionalidades han accedido a un empleo formal en México, informó la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Señaló que la incorporación de la población en situación de movilidad a la economía formal se dio a través del Programa de Integración Local (PIL), creado en mayo de 2016.
Destacó que este programa ha permitido “tener mayor acceso a servicios educativos y de salud e iniciar procesos de naturalización”, además de despresurizar ciudades con mayor aglomeración de personas en movilidad.
A través de la reubicación, explicó el ACNUR, se acompaña a refugiados desde el sur del país, donde la mayoría solicita asilo en ciudades como Tapachula, Palenque y Tenosique, a ciudades del centro y norte del país.
Su instrumentalización, “aprovecha la dinámica demográfica del país y particularidades de la economía nacional como el nearshoring y la necesidad de mano de obra, para incorporar personas refugiadas al mercado laboral”.
Señaló que, a la fecha, son más de 600 empresas las que participan en el PIL y opera en 11 entidades del país, como Monterrey, Saltillo, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalajara.
Según el ACNUR, la incorporación de las personas refugiadas a la economía formal contribuyó con 187 millones de pesos anuales en impuestos.
Y estimó que en los próximos 12 meses, las más de 35 mil personas reubicadas, generarán aportaciones estatales que excedan el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para 2024.
ROA
