Desde hace décadas, la Ciudad de México ha enfrentado el desafío de modernizar su infraestructura urbana, especialmente en lo que respecta al cableado aéreo que prolifera en sus calles.
A pesar de múltiples iniciativas legislativas, el problema persiste, afectando la estética urbana y generando riesgos para la seguridad de los habitantes.
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En noviembre de 2021, el diputado Jesús Sesma Suárez presentó una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la "Ley de Espacio Público y Cableado Soterrado de la Ciudad de México".
Esta propuesta buscaba regular el uso y aprovechamiento del subsuelo por parte de la administración pública y promover el soterramiento de los cables aéreos que inundan las calles en detrimento de la imagen urbana.
A pesar de la relevancia de esta iniciativa, su avance legislativo ha sido limitado.
En febrero de 2025, el gobierno de la Ciudad de México envió una serie de observaciones a la propuesta, sugiriendo, entre otras cosas, facultar a las 16 alcaldías para realizar el inventario de cableado en sus respectivas demarcaciones, con seguimiento a cargo de la nueva Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana.
El diputado Sesma ha destacado la urgencia de abordar este problema, especialmente considerando eventos internacionales próximos que atraerán a millones de visitantes a la ciudad.
En entrevista, señaló: "Es de vergüenza que tengamos estos problemas. Vamos a recibir en solo dos meses a 5 millones de turistas y hay fotos de la Ciudad de México que se venden como postales, pero hay que editarlas para ocultar los cables".
El problema del cableado aéreo es evidente en prácticamente todas las colonias de la capital, sin importar su nivel socioeconómico. Calles plagadas de postes de madera o metal sostienen una maraña de cables que, según el diputado Sesma, en un 75 por ciento están en desuso.
"Es más barato para ciertas empresas poner un cable adicional que revisar cuáles son los que sirven y cuáles no", explica el legislador, quien señala que esta falta de orden genera una grave contaminación visual y riesgos de seguridad.
Para enfrentar la problemática, la Ley de Soterrado propone sanciones a empresas que continúen instalando cableado aéreo en lugar de trasladarlo al subsuelo.
Si bien Sesma no detalló los montos específicos de las multas, dejó claro que la iniciativa buscará obligar a que sean las propias compañías las que financien el proceso, evitando que el costo recaiga en el gobierno y, por ende, en los ciudadanos.
"El costo debe ir al sector empresarial, porque ya están siendo beneficiados por los servicios que dan. Tienen que entrarle y trabajar de la mano con alcaldías y el gobierno central", sostiene.
A pesar de los esfuerzos realizados, la falta de avances concretos en la implementación de una política integral de soterramiento refleja la complejidad del problema.
La colaboración entre autoridades, sector privado y sociedad civil será fundamental para transformar la fisonomía de la Ciudad de México, y reducir la contaminación visual que afecta su paisaje urbano.
A pesar de los esfuerzos realizados, la falta de avances concretos en la implementación de una política integral de soterramiento refleja la complejidad del problema.
La colaboración entre autoridades, sector privado y sociedad civil será fundamental para transformar la fisonomía de la Ciudad de México y reducir la contaminación visual que afecta su paisaje urbano.
La experiencia de otros países, como Chile, que en 2019 promulgó una ley para el soterramiento del cableado, demuestra que es posible abordar exitosamente este desafío.
La Ciudad de México tiene la oportunidad de seguir este ejemplo y avanzar hacia una infraestructura más ordenada y estética que beneficie a todos sus habitantes.
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HCM
