Ante el incremento de la violencia contra mujeres, en plena pandemia y con medidas de austeridad anunciadas por la 4T, las Casas de las Mujeres Indígenas trabajan a contracorriente para no dejar solas a quienes piden ayuda.

Ante los ajustes presidenciales de austeridad para enfrentar la crisis por el coronavirus, las Casas de la Mujer Indígena (Cami) serán las más afectadas; algunos de los recintos como Donaji, en Baja California, ni siquiera fueron notificados.

Las Casas de la Mujer Indígena sobreviven por todo el país con recursos provenientes del INPI; sin embargo, se vieron afectadas luego de que el gobierno federal retirara los apoyos para hacer frente a la crisis por la pandemia.

De acuerdo con lo documentado por México Evalúa, los operadores de la línea de emergencia tienen turnos muy largos, bajos salarios y la capacitación que les dan no es suficiente para categorizar los casos de violencia familiar como se debe.

Para las mujeres la militarización ha sido sinónimo de violencia sexual, por eso la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública debe ser únicamente excepcional y temporal.

En México, donde 63 por ciento de los adultos considera como método educativo los golpes y otro 67 por ciento utiliza la violencia como una forma de corrección, la infancia y juventud se vuelven vulnerables durante la crisis sanitaria.

Hoy, como cada 10 de mayo desde hace nueve años, las madres de personas desaparecidas tomarán el espacio público, ahora en redes sociales, de manera virtual, ante la contingencia por la pandemia de covid-19.

La pandemia por coronavirus que afecta el país, sumado a la constante violencia y a las precarias condiciones laborales, es un frente más que las y los comunicadores deben sortear para garantizar el derecho a la información pública.

Sin amparo gubernamental y con los tribunales de justicia paralizados, trabajadoras mexicanas de los sectores más precarios de la República enfrentan despidos, abusos, explotación y hasta muerte por exposición al covid-19.

Este sector representa 5.2% de la población penitenciaria en México y aunque es minoría no debe ser invisible ante los riesgos de vivir en reclusión durante la pandemia; por ello, organizaciones exigen al Congreso avalar la ley de amnistía.