Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestaron su preocupación sobre la independencia que tendrá el nuevo organismo de transparencia, que sustituirá al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para atender solicitudes de los ciudadanos.
En la audiencia pública que fue solicitada por organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19 y Fundar, comisionados de la CIDH cuestionaron a las representantes del Estado mexicano, Jennifer Feller, directora general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y a Isabel Guerrero, representante de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, sobre cómo se garantiza que no habrá interferencia del poder para responder a las preguntas que hagan los ciudadanos.
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Después de una exposición por parte de representantes de cinco organizaciones de la sociedad civil mexicana, Roberta Clarke, ex presidenta de la CIDH y actual comisionada del organismo, cuestionó a las funcionarias del gobierno sobre las implicaciones del nuevo organismo de transparencia, que estará a cargo de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
“¿Cuáles son las garantías de que los miembros del Ejecutivo no interfieran o no intenten influir en las decisiones? No digo que lo hagan, pero sí existe esa amenaza. ¿Cuáles son los mecanismos dentro de la Secretaría Anticorrupción que darían resistencia frente a los intentos de influir en esta decisión sobre las solicitudes de acceso a la información?”, preguntó Clarke.
Además, la ex presidenta de la CIDH cuestionó al Estado sobre la estabilidad laboral de quienes atenderán y decidirán, en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sobre el acceso a la información que pidan los ciudadanos.
“¿El personal tiene un trabajo seguro y sus puestos asegurados? ¿Cuál es su estabilidad laboral? ¿Con qué facilidad se los puede destituir? Esa es la pregunta. Si toman una decisión que puede desagradar, ¿se los puede destituir? ¿Qué garantías tienen para su estabilidad laboral?”, expresó.
Por su parte, la comisionada Gloria De Mees también cuestionó sobre la independencia que habrá en la nueva institución.
“¿Qué salvaguardas específicas existen para evitar la interferencia, la interferencia política, en el manejo de las solicitudes de acceso a la información, por parte de la Secretaría Anticorrupción, dado que es parte, si lo entiendo bien, parte del Poder Ejecutivo?” dijo.
El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, aseguró que con la desaparición del INAI se está asistiendo a un “funeral interamericano” porque dijo que el entramado institucional que tenía México en materia de acceso a la información era un referente en el continente.
“Cuando se plantea la desaparición de lo que ha sido expuesto por parte de nuestra oficina como el modelo, nos quedamos también sin referencias a nivel regional para un derecho que sigue teniendo una importancia clave”, dijo Vaca.
Y además, insistió en las preguntas sobre la independencia que tendrá el nuevo organismo.
“¿Cómo se asegura el gobierno, en este caso, de que las autoridades que reciban solicitudes de información no invoquen de forma inadecuada las excepciones, particularmente cuando la publicidad de la información pueda poner en una situación difícil a sus superiores? Digamos, ahí no deja de haber una jerarquía en términos de la estructura del propio Estado”, expresó.
INAI tenía déficit de confianza, responde gobierno
Dichas preguntas no fueron respondidas por Feller ni Guerrero, quienes insistieron en asegurar que el INAI ya no gozaba de la confianza ciudadana y que se seguirán garantizando los derechos.
“Estos nuevos esquemas se plantean bajo los principios que hasta ahora el terreno mexicano ha ganado y lo que queremos es avanzar hacia una cultura de respeto, de acceso al derecho a la información y de protección a los datos personales.
“También es importante que se reconozca en este encuentro que el INAI venía arrastrando un déficit de confianza por parte de la ciudadanía, ahora se plantea un organismo desconcentrado con autonomía técnica que tome las decisiones en la materia”, dijo Guerrero.
Feller aseguró que la reforma mantiene los principios fundamentales de transparencia y rendición de cuentas, que preserva el marco restringido de excepciones y amplía las obligaciones de publicidad gubernamental y que asegura la continuidad de los mecanismos de impugnación, garantizando el derecho a la información a través de procedimientos claros y efectivos.
“Yo quiero pensar que, para el relator (Pedro) Vaca, México va a seguir siendo un modelo, porque la garantía constitucional sigue estando establecida y la apertura sigue en pie. La reforma no va en contra de la Convención Americana”, dijo.
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