El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, alertó sobre la gravedad de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acceda sin autorización de un juez a datos biométricos, registros telefónicos, así como bases de información patrimonial y fiscal de los mexicanos.
Advirtió que la mayoría parlamentaria de Morena prevé discutir y votar esta semana en el Palacio de San Lázaro las nuevas leyes de seguridad, investigación e inteligencia para otorgar esas facultades a la institución a cargo de Omar García Harfuch.
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Moreira reconoció que dichos ordenamientos consideran aspectos positivos como la coordinación de los tres niveles de gobierno en materia de seguridad, pero cuestionó el acceso indiscriminado a la información de las personas.
“Dice esta ley que la Secretaría de Seguridad Pública puede pedir todas las bases de entes públicos y privados, sin la participación de un juez, y eso incluye los biométricos, todos tus registros de comercio, públicos, de casas, patrimoniales, fiscales y además tus registros telefónicos”, remarcó.
Sostuvo que dicha atribución permitiría a la autoridad conocer con quiénes habla alguna persona, cuántas veces, qué dice, a dónde va, a qué hora sube a un avión y a qué hora baja.
“Todo está registrado y eso pueden pedirlo de cualquier persona, no necesariamente de un delincuente”, dijo.
En el programa Con peras, manzanas y naranjas en sus redes sociales, el líder de los diputados federales del PRI lamentó que los mexicanos no se den cuenta para dónde va este país.
“Toda esa información la van a juntar y la va a tener una entidad que no tiene los estándares de seguridad de otras partes del mundo. Eso es lo que se va a votar”, puntualizó.
Subrayó que, en la actualidad, el Ministerio Público solicita al juez acceso a la información de alguna persona por las razones de sospecha de algún acto delictivo y al juzgador corresponden valorar y, en su caso, autorizar, pero las iniciativas a discusión permitirían que la Secretaría de Seguridad pida directamente los datos a instituciones públicas o empresas particulares, sin necesidad de que un órgano jurisdiccional lo avale.
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