Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas hasta el 8 de agosto de 2024 (desde 1950), hay 116 mil 386 personas “desaparecidas y no localizadas”.
Dicha cifra siempre ha generado dudas entre activistas, organizaciones civiles, y la propia ciudadanía, quienes desconfían de los conteos oficiales, y con justa razón, pues la realidad de violencia en el país ha dejado huellas imborrables desde hace 20 años, en el preámbulo de lo que fue el inicio de la guerra contra el narcotráfico.
México en 2005 ya contaba con un problema de desaparición forzada que se mantenía tras bambalinas de las oficinas federales en Gobernación y otras dependencias. Las organizaciones sociales daban cuenta de casos desde la guerra sucia en la década de 1970, pasando por denuncias de desaparición forzada ligada a la política en la siguiente década, y que terminó por estallar con crisis como el levantamiento armado del EZLN en 1994.
Posteriormente la actividad criminal de las desapariciones tuvo diversas modificaciones, pasando a lo que fue la ola de secuestros a finales del siglo pasado en estados como Morelos, Guerrero y el norte del país.
Con el inicio de sexenio de Vicente Fox y el resurgimiento de los cárteles del narcotráfico dese prisiones de máxima seguridad, desde las agencias gubernamentales, desde el propio seno de la milicia, las desapariciones se volvieron una actividad común dentro de las pugnas delincuenciales.
Ya con Felipe Calderón, en 2006 y con la declaración de la guerra contra el narco en zonas como Michoacán y Tamaulipas, las células del crimen recrudecieron sus operaciones con las que comenzaron las desapariciones violentas y homicidas por ganar los territorios entre cárteles.
Tras el cruento sexenio calderonista donde el propio secretario de Seguridad Pública Nacional, Genaro García Luna, fue implicado en actividades relacionadas a los cárteles, fue prácticamente imposible contener a las organizaciones criminales, situación que impera hasta nuestros días.
En 2017, los colectivos lograron la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual da las bases para la protección de familiares durante labores de búsqueda y rastreo. Con esta ley se creó la Comisión Nacional de Búsqueda, se creó el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se han redactado varias leyes en materia de desaparición a nivel local y se han creado Comisiones de Búsqueda estatales.
Si embargo la ola de desapariciones no se pudo frenar con ninguna estrategia del anterior o el actual gobierno, por lo que expertos han hablado de que el problema de las desapariciones en México requiere una estrategia integral que aborde las causas estructurales, la impunidad y la falta de respuestas institucionales.
Para ello se ha propuesto contar con un registro público de personas desaparecidas con información en tiempo real, así como auditorías y evaluaciones independientes sobre la efectividad de políticas públicas.
Lo que sí se ha hecho, pero con pocos resultados es la depuración de cuerpos policiales para evitar su colusión con el crimen organizado, la mayor inversión en tecnología forense y bases de datos de ADN, lo cual sigue siendo insuficiente, aunque muy necesario para comenzar investigaciones.
También se requiere de la creación de fiscalías especializadas con autonomía y recursos suficientes y la implementación de mecanismos de protección a denunciantes y testigos.
Tras lo ocurrido en Teuchitlán, Jalisco, con la noticia de restos de ropa y zapatos que se presume son de personas reportadas como desaparecidas, y que fueron reclutadas por el crimen organizado, se debe reflexionar sobre todo el camino recorrido en el tema de desaparecidos, pero con una nueva visión política, de seguridad y de voluntades que deben poner fin a este cáncer social que aqueja a nuestro país.
