La menor de nuestras preocupaciones debería ser la forma en la que se seleccionan a quienes se encargarán de impartir justicia en México, pues nuestro país si bien es cierto requería una sacudida a este punto por la discrecionalidad que llevó en muchos casos, no en todo el sistema de justicia, pero sí en una gran cantidad de casos expuestos a abusos que incluía el nepotismo llano y rampante.
Pero ese no es el problema real, primero que nada he insistido en diversos artículos que lo que México requería es una reforma integral al sistema de justicia que incluye no solo la administración de esta sino también a la parte de procuración, que no ha sido tocada desde el cambio de nombre y forma de seleccionar a quienes se encargan de ello pero hasta ahí.
Sin embargo con el inicio de las campañas de quienes quieren ser aspirantes a jueces, magistrados y ministros, viene a mi mente un tema por demás urgente y es la falta de impartidores de justicia así como la asignación de presupuestos insuficientes para llevar a los mexicanos una justicia pronta y expedita. Aquí dos ejemplos.
A mediados del mes pasado la Universidad de las Américas publicó el índice global de impunidad que mide varios ejes para determinar el grado de ésta en 94 naciones del mundo, México se ubicó en el puesto 80, entre los 15 países con los peores resultados, con un puntaje de 46.19, lo que indica altos niveles de impunidad.
Uno de los factores medidos es por ejemplo la cantidad de jueces que hay por cada 100 mil habitantes, resulta que México cuenta con 1.98 y está al nivel de países como Uzbekistán con 1.46 y muy por debajo del promedio en América con 7.57 jueces.
La crisis es evidente pues el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2024 elaborado por el Inegi da cuenta que el personal del Poder Judicial Federal y estatal tuvo un crecimiento de 12% entre 2018 y 2023 al pasar apenas de 115 mil a 129 mil trabajadores.
Sin embargo en términos reales, a precios ajustados a 2018, el presupuesto ejercido por el Poder Judicial de la Federación disminuyó 4.3% entre 2022 y 2023, mientras que el presupuesto ejercido por los poderes judiciales estatales apenas aumentó 2.0% en ese mismo periodo.
¿Realmente se requería primero meternos en la selección de jueces? y ¿Qué tal si los 13 mil millones de pesos que costará la elección se le hubieran invertido al Poder Judicial? son preguntas.
