Son excesivas, son irracionales, no convencen a nadie y, sobre todo, no cambian en nada la realidad. El síntoma en sí mismo pide a gritos ser analizado. ¿Quién que considere a la verdad como un valor relevante para la vida en sociedad podría negar que en México hay una crisis sistemática y generalizada de desapariciones?
Pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en ese orden, rechazan el señalamiento al respecto que la semana pasada hizo el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Ayer la CNDH emitió un comunicado en el que de plano rechaza “que México viva una crisis de desapariciones”. La dependencia consideró que el señalamiento del CED se aparta de lo que debería ser un juicio serio. Esta institución, cuya titular es Rosario Piedra Ibarra —hermana de un desaparecido — remató afirmando que las recomendaciones emitidas desde el exterior “han probado su poca eficacia” e incluso han complicado aquello que se pretende remediar.
De su lado, el gobierno de Claudia Sheinbaum publicó un comunicado en el que afirma que el Estado mexicano no incurre en “la supuesta práctica de desaparición forzada”.
Estas respuestas fueron pronunciadas después de que el CED solicitara información al gobierno de México con la cual pretende integrar un reporte cuya destinataria, en caso de confirmarse el primer diagnóstico, sería la Asamblea de Naciones Unidas. El gobierno puede pelearse con la CED, con la ONU o con los colectivos, puede también hacer oídos sordos a reclamos, medidas o recomendaciones. Lo único que no será capaz de hacer es ocultar la realidad: 1) el Registro Nacional de Personas Desaparecidas exhibe 120 mil casos sin resolverse; 2) 50 mil de esos registros se levantaron durante la administración de Andrés Manuel López Obrador; 3) en lo que va del gobierno de Sheinbaum se han sumado 6 mil 500 nuevos registros; 4) 47 por ciento de las carpetas abiertas por desaparición involucran a autoridades del Estado mexicano; y 5) uno de cada tres familiares involucrados en la búsqueda de sus seres queridos ha sufrido amenazas y hostigamiento.
Zoom: La negación patológica de la verdad no evitará que el caso de la tragedia mexicana de desapariciones llegue a la Asamblea General de la ONU. La verdad, en cambio, permitiría afrontar con madurez esta penosa circunstancia.
