Quizá las aseveraciones de Donald Trump y de algunos de sus funcionarios, de que México es un país controlado por el narco y en donde se protegen a las organizaciones criminales desde el Gobierno, tengan visos de exageración, pero también tienen dosis de verdad, ya que, si bien se arresta y combate a criminales, a la vez hay cientos de políticos acusados de encubrirlos los cuales ni siquiera están siendo investigados.
Es decir, uno de los grandes pendientes en materia de seguridad pública en el país, es atacar a las redes de protección institucional del crimen organizado.
Investigar y castigar a gobernadores, alcaldes, jefes de policía y militares que ayudan al narco.
Porque en lugar de servir al ciudadano, protegen a los criminales.
Pero en México existe una especie de pacto de impunidad, en donde los políticos coludidos con el narco nunca reciben su castigo, salvo casos extremadamente raros.
Por ejemplo, Genaro García Luna nunca fue procesado en México, a pesar de las múltiples acusaciones en su contra y hoy se encuentra condenado en los Estados Unidos, lo mismo con el ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington o el Ex Fiscal General de Nayarit, Édgar Veytia.
Al contrario, se han filtrado videos de reuniones de alcaldes con líderes criminales y también en eventos públicos los presidentes municipales han agradecido la ayuda de grandes capos y eso no ha detonado en investigaciones serias, en la desaparición de poderes, la inhabilitación o el arresto de los funcionarios.
Pero se está llegando a un punto en que el siguiente paso de los Estados Unidos será presionar a México para que investigue a políticos, y por qué no, los extradite en algunos años, por su colusión con las organizaciones criminales que trafican droga, que ahora tienen la categoría de terroristas, por lo que las condenas serían mayores y causarían un riesgo real a muchos personajes de la política mexicana, incluyendo a varios miembros de alto rango del MORENA.
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