Viajan unos secretarios estafados. El camino de Morelia a Ciudad de México transcurre en un silencio cargado de tensión. En los rostros de los secretarios y subsecretarios del gabinete del estado de Michoacán hay preocupación, incredulidad y rabia contenida. Durante dos años han vivido una pesadilla de la que no ven salida. Es febrero de 2025 y se dirigen a una reunión con el abogado Rodolfo Martínez, del despacho Trusan & Roma. No sólo quieren asesoría legal, también respuestas: ¿se puede denunciar sin hundirse aún más?
Estos y estas altas funcionarias han perdido millones de pesos en lo que creyeron sería la inversión de su vida. Ahora enfrentan un dilema brutal: alzar la voz y exponerse al ojo público o resignarse a la pérdida en un silencio absoluto. Cayeron en la trampa de Inverforx, una empresa creada por Luis Alberto Pérez Zamorano, que prometía multiplicar fortunas con inversiones en litio, oro, algodón y petróleo. Y lo que parecía una mina de oro se convirtió en un abismo sin fondo.
Durante la investigación a la trama de Inverforx, que DOMINGA realizó, la firma legal se reservó cada uno de los nombres de los funcionarios por temas de confidencialidad. Pero el golpe más fuerte llegó el 1 de marzo de 2025: la detención de cuatro exfuncionarios de la administración de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán (2015-2021), entre ellos Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas, arrestado en Miami. Pero la noticia que sacudió a todos fue la orden de aprehensión contra el propio Aureoles. El escándalo, hasta entonces un murmullo en los pasillos del poder, explotó a nivel nacional.
Y aunque las acusaciones contra estos exfuncionarios están relacionadas con desvíos del erario público y no con Inverforx, las piezas encajan demasiado bien. Los personajes más cercanos a Carlos Maldonado, como Sonia Fuerte Armenta, exsubsecretaria de Finanzas, y Ariadna Rosas Burgos, su asistente, no sólo alentaron a los empleados del gobierno a invertir, sino que fueron ellas mismas quienes montaron una sucursal de la empresa en Michoacán.
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¿Quiénes son los dos rostros del fraude de Inverforx en Michoacán?
Lo que comenzó como una “oportunidad de oro” terminó convirtiéndose en uno de los fraudes financieros más escandalosos en la historia de México. La estafa alcanzó cifras estratosféricas: miles de millones de pesos desaparecidos y más de 10 mil clientes afectados. En el centro de la trama, un hombre: Luis Alberto Pérez Zamorano, el supuesto ‘gurú financiero’ que logró embaucar incluso a los altos mandos del gobierno estatal.
Pérez Zamorano no llegó solo a las altas esferas del poder michoacano. Su vínculo con Ariadna Rosas Burgos le abrió las puertas de la administración pública. Desde esta secretaría, una red de complicidades comenzó a tejerse. Sonia Fuerte, subsecretaria de Finanzas, y la propia Rosas Burgos no sólo manejaban el dinero del estado, sino que establecieron la sucursal de Inverforx en Morelia, en el fraccionamiento residencial La Paloma; y aparecieron en los máximos cargos del organigrama de la empresa, considerada hoy la estafa piramidal más grande de los últimos tiempos en México. Sonia Fuerte Armenta se ocupó de la gerencia comercial regional y Ariadna Rosas Burgos de la dirección comercial de Inverfox.
Desde allí, tejieron la telaraña perfecta. Convencieron a empleados del gobierno de invertir, asegurándoles que era una oportunidad única, un boleto directo a la libertad financiera. Muchos entregaron todos sus ahorros sin dudarlo. Entre los artífices del engaño estaba Habib Rosas Burgos, hermano de Ariadna y asesor de inversiones, quien jugó un papel clave en la expansión del fraude.
La pandemia avivó la codicia. La promesa de retornos de hasta un 98% parecía demasiado buena para dejarla pasar. No sólo altos funcionarios cayeron en la trampa, sino también empleados de bajos recursos, quienes hicieron lo imposible por participar. Algunos reunieron sus ahorros con sacrificio; otros, desesperados por no quedarse fuera, organizaron colectas entre amigos y compañeros de oficina, las llamadas ‘vaquitas’. Juntaban entre 15 mil y 50 mil pesos por persona con la esperanza de multiplicar su dinero en cuestión de meses.
“Jamás imaginamos que nos estafarían. Nos dijeron que ellos mismos estaban invirtiendo”, confesó una empleada de la Secretaría de Finanzas que perdió más de tres millones de pesos y pidió anonimato. Ella fue testigo de las ‘vaquitas’ con las que fueron estafados sus compañeros con menos recursos económicos.
Por tres años Inverforx prosperó sin control. Pero en noviembre de 2022, el castillo de naipes colapsó. Los pagos cesaron y la bonanza se transformó en ruina. La primera alarma surgió cuando Pérez Zamorano alegó a sus clientes que el Servicio de Administración Tributaria había bloqueado sus cuentas. Era mentira. Y aun así, las inversiones ilegítimas siguieron multiplicándose hasta 2023.
La impunidad como regla de una estafa piramidal
Las denuncias no tardaron en llegar. En noviembre de 2023, un grupo de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acudió a la Fiscalía de Michoacán para exigir justicia. Señalaron como personajes clave en la estafa de Inverforx a las exfuncionarias de Finanzas, Sonia Fuerte y Ariadna Rosas. Pero a pesar del escándalo, ellas parecían intocables, están libres y fuera de las carpetas de investigación.
Según datos de DOMINGA, al menos 330 denuncias han sido interpuestas por los michoacanos: 200 en Morelia y 130 en la Ciudad de México. Las víctimas provienen, en su mayoría, de cinco secretarías: Finanzas, Desarrollo Económico, Educación, Salud e Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, así como de la CNTE. Sin embargo, la justicia se mueve con lentitud. La Fiscalía General de Michoacán ha consolidado todas las denuncias en una carpeta de investigación, que sigue sin avances e incluye a un sólo personaje: Luis Alberto Pérez Zamorano, ignorando a los otros exfuncionarios de Finanzas señalados.
Los empleados del gobierno michoacano defraudados jamás conocieron a Luis Alberto Pérez Zamorano. Las que promovieron las inversiones fueron las funcionarias Sonia y Ariadna, reclamaron los denunciantes. Peor aún, a las víctimas se les solicitó desde la Fiscalía de Michoacán un pago de cuatro mil pesos por persona para financiar la investigación.
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El 20 de marzo de 2024, el titular de delitos patrimoniales de la Fiscalía, José Francisco Moreno Salgado, justificó la inacción alegando falta de recursos de la dependencia y pidió dinero a las víctimas con la finalidad de hacer las investigaciones y diligencias en la Ciudad de México; solicitó que fueran los propios abogados quienes se trasladaran a la capital del país en busca del rastro de Pérez Zamorano. Las víctimas michoacanas, días después de esa reunión con la Fiscalía estatal, comenzaron a recibir en su WhatsApp el siguiente mensaje por parte de sus abogados, quienes les pedían cuatro mil pesos para supuestamente entregárselo al Ministerio Público y así apoyarlos a realizar su investigación:
"Hemos estado constantemente visitando la Fiscalía y revisando el avance de las investigaciones, por lo pronto tenemos una diligencia en México el día miércoles 03 de abril, junto a los ministerios públicos y policía de investigación, nos están pidiendo apoyo para la diligencia y se va a pagar entre varias víctimas, irá también uno de nosotros acompañando la diligencia, se necesitan 4,000 si nos apoya por favor, con ese gasto, pero sería hasta un día antes el 02 de abril".
Una de las abogadas que rechazó que su cliente pagara el supuesto apoyo a la Fiscalía de Michoacán fue Carmen Madrigal Díaz. “Ese es un trabajo que deben hacer las autoridades. Se les asigna un presupuesto para ello. Por eso no permití que mi cliente perdiera más dinero y no me presté para viajar a la Ciudad de México”, reclamó Madrigal.
Al principio, la abogada Madrigal representaba a seis profesores de la CNTE, pero poco a poco fueron renunciando al caso por miedo a represalias físicas en contra de sus familiares, pues recibieron amenazas. Ahora, ella sólo representa al profesor Ramiro Sánchez.
Muchas de las víctimas decidieron retirar sus denuncias en Michoacán y llevarlas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, las autoridades capitalinas cierran las puertas a las 130 denuncias provenientes del estado, argumentando que sólo atenderán aquellos casos transferidos desde la capital. Así lo relata una de las víctimas: “Los jueces están desechando las denuncias que versan sobre hechos que ocurrieron fuera de la CdMx”.
Mientras tanto, los principales implicados siguen con sus vidas. Ariadna y Habib Rosas Burgos, lejos de esconderse, inauguraron MIA Bistro Café, uno de los restaurantes más populares de Morelia, operado por Grupo ARHANI, constituido en 2021 y ubicado en Boulevard García de León 1578. Además, contrataron al chef Adrián Mario Cifuentes para desarrollar un concepto gastronómico mediterráneo inspirado en la Toscana, “que engloba un poco de sabores españoles, franceses e italianos”, publicó la revista Maxwell.
Los servidores públicos defraudados al intentar buscar respuestas con Ariadna Rosas Burgos y Sonia Fuerte Armenta, sólo han recibido evasivas de estas exfuncionarias de Finanzas. Les han dicho que fueron advertidos del ‘alto riesgo’ de la inversión y que sólo debieron aportar dinero que pudieran permitirse perder. “Alegan que el delito de fraude no es grave y que nadie los puede meter a la cárcel”, declaró un funcionario michoacano.
La caída de los primeros peones del gobierno de Michoacán
El escándalo está lejos de terminar. Con la detención de exfuncionarios y la orden de aprehensión contra Silvano Aureoles, las Fiscalías de Michoacán y la Ciudad de México han reactivado el caso del fraude de Inverforx.
Tras casi dos años de impunidad, han convocado a las víctimas a declarar y a fortalecer la documentación, prometiendo finalmente judicializar las carpetas de investigación. Pero el destino de las exfuncionarias de Finanzas sigue en la incertidumbre, pues hasta ahora Luis Alberto Pérez Zamorano es el único en la mira de las autoridades. Mientras tanto, el exgobernador Silvano Aureoles permanece prófugo, con una orden de aprehensión en su contra por causar presuntamente un daño patrimonial superior a 3 mil 400 millones de pesos al gobierno federal y estatal.
El miedo se ha instalado en las altas esferas del poder en Michoacán. Las recientes detenciones dentro del gabinete de Aureoles han dejado un mensaje claro: nadie está a salvo. Los funcionarios en la sombra prefieren el silencio, ocultando sus pérdidas millonarias en el esquema de Inverforx, antes que exponerse al escándalo. Ser señalados como víctimas ingenuas de un fraude, ya es una vergüenza, cuando supuestamente representan a la autoridad, pero lo que más temen es algo peor: una vinculación con actos de corrupción y terminar perdiendo no sólo su empleo, sino también su reputación.
Queda, sin embargo, una duda crucial, especialmente entre las víctimas del gobierno michoacano: ¿utilizaron las exfuncionarias de Finanzas dinero del erario público para realizar sus inversiones y abrir la sucursal en Morelia? Es una línea de investigación que las Fiscalías aún deben responder.
