Silvano Aureoles, el último gobernador del PRD, está en la mira de la FGR por una investigación por presunto peculado que ya le costó la libertad a 4 de sus ex colaboradores.
De acuerdo con la institución, Aureoles Conejo, ahora prófugo de la justicia, sería uno de los cinco principales involucrados en un supuesto desfalco de más de 30 fondos federales y de programas gubernamentales realizados durante su administración al frente de Michoacán (2015-2021).
Pero a diferencia del ex perredista, otros cuatro funcionarios fueron aprehendidos —Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán; Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de Seguridad estatal; y Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública— pese a intentar evadir sus responsabilidades con el llamado “criterio de oportunidad”, el cual, en palabras del fiscal Alejandro Gertz Manero, “no fue más que un encubrimiento”.
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¿Qué es el criterio de oportunidad?
Los detenidos son acusados por presuntamente ocasionar un daño patrimonial al gobierno federal y estatal superior a los 3 mil 400 millones de pesos. Están siendo procesados por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa alrededor de la construcción de una serie de cárceles locales.
“Cuando supieron de esta investigación trataron de evitar las responsabilidades penales a través de una oferta de criterio de oportunidad”, explicó en su momento el titular de la FGR.
Sustentado en el Artículo 21 de la Constitución, el criterio de oportunidad es uno de los "medios alternativos" que se introdujeron al Sistema Penal con la reforma del 2008.
Dicha figura faculta al Ministerio Público (MP) para decidir si ejercer o no la acción penal en una investigación, siempre y cuando se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima.
La implementación del criterio de oportunidad obedeció principalmente a que había una saturación del sistema penal, por lo que dicho instrumento también permite al MP jerarquizar contra quién es más importante que caiga el peso de la ley.
"Como lo que finalmente al gobierno le preocupa es combatir la delincuencia, se le da esta herramienta al Ministerio para decir: 'Los que fomentan actos de delincuencia son los líderes. ¿Entonces de qué me sirve agarrar a cuatro o cinco gatilleros cuando lo que yo quiero agarrar es al líder?'", explicó el abogado Víctor Manuel Alonso Martínez en entrevista con MILENIO.
El artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) estipula una serie de 'términos y condiciones' para que su aplicación no sea procedente, siendo uno de estos los delitos fiscales o que "afecten gravemente el interés público".
De hecho, la única excepción para aplicar un criterio de oportunidad en los casos financieros será cuando el imputado "aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio". Esto toda vez que lo apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
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Sin embargo, subrayó Alonso Martínez, el criterio de oportunidad no significa que el delito haya prescrito, sino que su caso "queda en ascuas" hasta que el MP decida si judicializarlo (es decir, ejercer la acción penal) o no. "Es como una amenaza. (…) Pero si el Ministerio se arrepiente y no prescribe un delito, puede judicializar".
Además, la parte ofendida podrá impugnar ante el Juez de Control la decisión del MP. Si así sucediera, el Juez convocará a una audiencia para tomar la decisión final tras citar a la víctima u ofendido, al Ministerio y al imputado y su defensor.
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Los ‘caídos’ del caso Aureoles
El 1 de marzo autoridades federales detuvieron a cuatro ex funcionarios de la administración estatal de Aureoles, entre ellos Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Administración y Finanzas de Michoacán acusado por presunto desvío de recursos públicos— con un monto que alcanzaría los 4 mil millones de pesos—.
Posteriormente fue vinculado a proceso penal junto al delegado administrativo Mario Delgado Murillo; Guillermo Loaiza Gómez, ex director del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo estatal, y la ex delegada administrativa, Elizabeth Villegas.
Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dio a conocer el 10 de marzo que la FGR giró tres nuevas órdenes de aprehensión: dos para los ex titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Israel Patrón Reyes y Juan Bernardo Corona, y otra contra Loaiza Gómez.
No obstante, adelantó que se contempla emitir más órdenes contra ex funcionarios del ex perredista a quien Bedolla responsabilizó de haber formado “un enjambre de corrupción” durante sus seis años de mandato.
ASG
