“Se lo llevaron unos hombres armados; no supimos más. Después dijeron que lo habían visto con ellos, pero él nunca quiso estar ahí”, relató la madre de uno de los jóvenes desaparecidos en Teuchitlán, Jalisco. Como ella, varias familias compartieron versiones similares: sus hijos fueron reclutados a la fuerza, obligados a colaborar con un grupo criminal y, después, desaparecidos.
Los testimonios se repiten con dolorosa similitud. Algunos jóvenes fueron interceptados en la calle; otros, sacados de sus casas. Poco después comenzaron los rumores: que los habían visto en campamentos clandestinos, que los obligaban a vigilar caminos o incluso a participar en hechos delictivos. Y, en muchos casos, que también terminaron siendo víctimas del mismo ciclo de violencia.
Estos relatos han abierto un debate legal y ético fundamental: ¿puede una persona señalada por un delito como la desaparición forzada ser también víctima si fue cooptada a la fuerza por el crimen organizado?
Desde una perspectiva jurídica, México cuenta con herramientas para analizar este tipo de situaciones. El artículo 15 del Código Penal Federal establece que no es responsable quien actúa bajo una fuerza física o moral irresistible. Asimismo, tratados internacionales, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, reconocen la figura de la coacción grave como causa de exclusión de la responsabilidad penal.
Por otro lado, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la Ley General de Víctimas obligan al Estado no solo a investigar y sancionar estos crímenes, sino también a identificar cuándo una persona ha sido víctima de reclutamiento forzado, explotación o esclavitud moderna, aun si llegó a participar en hechos ilícitos.
El caso de Teuchitlán exige una mirada compleja, no reducida a blancos y negros. La desaparición forzada, cuando ocurre dentro del contexto de cooptación criminal, tiene implicaciones profundas: los presuntos responsables pueden ser, a la vez, víctimas invisibles de un sistema de violencia que despoja a las personas de su libertad, su voluntad y, finalmente, de su vida.
Frente a esta realidad, el Estado mexicano está obligado a actuar con responsabilidad, humanidad y sentido de justicia. La verdad no puede construirse ignorando las condiciones de coerción que muchas veces determinan las acciones de los involucrados. El enfoque de justicia transicional, centrado en la reparación, la verdad y la no repetición, se vuelve fundamental para sanar no solo a las víctimas directas, sino a comunidades enteras que han sido atravesadas por el miedo, la impunidad y la violencia estructural.
Teuchitlán no puede entenderse solo como un punto en el mapa de la violencia. Es también un espejo de lo que ocurre en muchas regiones del país: jóvenes atrapados en una situación que no eligieron, víctimas que también fueron utilizadas como instrumentos del crimen, familias que buscan justicia incluso cuando esa justicia implica reconocer la humanidad de quienes fueron obligados a cruzar la línea.
Teuchitlán nos deja una lección dolorosa: en muchos casos, los que hoy son señalados como responsables también fueron víctimas antes de cruzar esa línea. Jóvenes cooptados, amenazados, usados como herramientas del crimen.
Por eso, urge crear un protocolo nacional que ayude a identificar cuándo alguien actuó bajo reclutamiento forzado. No para justificar, sino para entender. Para proteger a quienes aún pueden ser salvados y hacer justicia sin perder de vista la humanidad.
Porque reconocer a la víctima dentro del victimario no debilita la ley; la vuelve más justa, más completa, y sobre todo, más humana.
