Los primeros meses de la administración de Donald Trump 2.0 en los Estados Unidos de América han generado una presión muy importante hacia el Gobierno mexicano para dar resultados en materia de seguridad, en particular para reducir el tráfico de fentanilo y el cruce de migrantes ilegalmente. Trump sabe de la gran dependencia que tiene la economía mexicana de su comercio con los Estados Unidos de América y ha aprovechado esa ventaja para extorsionar al Gobierno mexicano. Bajo la amenaza de imponer aranceles, ha obligado al Gobierno mexicano a redestinar una gran cantidad de recursos a las prioridades establecidas por el vecino del norte.
Más allá de que es triste darse cuenta de que el Gobierno mexicano sí podía dar mejores resultados en seguridad, pero simplemente no había la voluntad política, pues las prioridades del Gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos de América en seguridad son diferentes. A nosotros nos interesa recuperar gobernabilidad y reducir delitos como la extorsión, mientras que a los Estados Unidos de América le interesa reducir la llegada de fentanilo y migrantes. Es difícil generar formas de cooperación en seguridad cuando las prioridades no están alineadas. Aunado a lo anterior, la confianza entre las dependencias de seguridad de ambas naciones está en su punto más bajo, como pudo constatarse con la operación para detener al “Mayo” Zambada. Es cierto que últimamente el presidente Trump ha lanzado elogios a los logros del Gobierno mexicano en materia de seguridad de los últimos meses, pero esos elogios están condicionados a seguir las prioridades del vecino del norte.
Una de las formas en que el gobierno norteamericano forzó al mexicano a salir de su letargo en materia de seguridad (más allá de la amenaza de aranceles) fue designar a los grupos criminales mexicanos como terroristas y amenazar con la posibilidad de llevar a cabo acciones unilaterales contra los mismos en nuestro territorio. Sin embargo, dicha designación tiene profundas deficiencias técnicas. Por ejemplo, en la misma hablan del cártel del Golfo y del cártel de Sinaloa, organizaciones que hace tiempo dejaron de existir, para dar paso a un grupo de facciones que están en guerra entre ellas mismas. Difícil resolver un problema cuando no se parte de un diagnóstico adecuado.
Es cierto que en la frontera mexicana operan organizaciones criminales que además de lucrar con el tráfico de drogas y migrantes ejercen niveles de gobernanza criminal que les permiten extorsionar, secuestrar y hasta cooptar áreas enteras de los gobiernos. También es cierto que estas organizaciones están fuertemente armadas. Sin embargo, su lógica de acción es muy diferente a la de organizaciones terroristas con las que normalmente ha lidiado el gobierno de Estados Unidos de América. Estas organizaciones no tienen como finalidad derrocar al gobierno o alcanzar fines religiosos, su lógica es fundamentalmente económica. En ese sentido se establecen relaciones de protección y cooperación entre el gobierno y las organizaciones criminales, en las que ambas partes se benefician económicamente. La corrupción es parte fundamental para que en México sea muy difícil distinguir dónde acaba la organización criminal y dónde empieza el Gobierno.
Dicho lo anterior, las organizaciones criminales no desaparecen al cruzar la frontera, las mismas distribuyen droga, adquieren armas y lavan dinero, entre otras actividades, de aquel lado. Su actividad criminal no se manifiesta en enfrentamientos armados o extorsión en territorio norteamericano, pero no por eso dejan de estar presentes. Lo anterior solo es posible mediante la corrupción y cooperación con autoridades de aquel lado de la frontera. En ese sentido se vuelve interesante la operación de la designación como organizaciones terroristas, porque ¿de qué forma se va a tratar a los bancos norteamericanos que lavan dinero para dichas organizaciones, a las armerías que les facilitan las armas o a los funcionarios que cooperan con ellos?
Es cierto que la presión de Donald Trump ha puesto al Gobierno mexicano a trabajar a marchas forzadas para dar resultados en seguridad. Sin embargo, mal haríamos en pensar que la intervención norteamericana va a ser la solución a los problemas de seguridad. Nuestras prioridades no son las mismas y la evidencia de experiencias pasadas, así como lo planteado hasta ahora por la Casa Blanca, son indicativas de que ayudar a México a mejorar sus condiciones de seguridad no es el objetivo de los políticos norteamericanos. No obstante, ahora que México parece estar haciendo mejor la tarea en seguridad, ojalá se mantenga esa inercia y empecemos a ver acciones que aborden el componente político del problema.
Doctor José Andrés Sumano Rodríguez**Investigador por México-Secihti, adscrito a la Unidad Matamoros-El Colef
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